Tras diálogo con intendentes, el presidente Santiago Peña modificó el plan “Hambre Cero”, dejando la gestión de royalties y Fonacide a los municipios.
El presidente Santiago Peña decidió modificar su propuesta inicial del plan “Hambre Cero”, tras un encuentro con numerosos intendentes que expresaron su rechazo al proyecto original.
Esta decisión refleja un acercamiento hacia las demandas locales, permitiendo que la mayoría de los municipios asuman la administración completa de los royalties y el Fonacide, con la excepción de Asunción y las gobernaciones de Central y Presidente Hayes.
La reunión, que se llevó a cabo frente a Mburuvicha Róga, se convirtió en el escenario de un acuerdo entre el Gobierno y las autoridades municipales.
La controversia surgió a raíz de la propuesta de ley impulsada por Peña, la cual buscaba centralizar los fondos provenientes del Fonacide y los royalties, una medida que no fue bien recibida por los jefes comunales.
Frente a la oposición, el mandatario optó por una estrategia de diálogo y consenso, anunciando que las municipalidades retendrán el control del 100% de estos fondos, con la salvedad de las mencionadas excepciones.
Este cambio no solo abandona la idea de suprimir el Fonacide, sino que también ajusta la asignación de recursos para que un 30% previamente destinado al almuerzo escolar se redirija ahora a inversiones en infraestructura.
Además, Peña aclaró que el financiamiento para el almuerzo escolar se asegurará a través del Presupuesto General de Gastos de la Nación, dejando en manos del Congreso el futuro del proyecto de ley.
Este ajuste en la política presidencial fue presentado como un esfuerzo para erradicar el hambre en el país, desmintiendo que los cambios sean una concesión a las presiones políticas o una “reculada” de su administración.
El presidente extendió una disculpa a los intendentes que se sintieron agraviados por la propuesta original, reafirmando su intención de no enfrentar a los gobiernos municipales.
Además, se comprometió a promover un proyecto de ley que permita que el 100% del impuesto inmobiliario sea administrado directamente por las comunas, aumentando así su autonomía financiera.
Comments