En un país que abrazó la economía del libre mercado, es indudable que la negociación, la conversación, los acuerdos, los contratos, son los que dominan las interacciones entre los distintos sectores involucrados.
El Estado es un árbitro dentro de todo esto, evitando que un sector se quede con toda la torta y para eso pasan leyes antimonopolio, o se establecen en otros países porcentajes que pueden tener ciertas empresas en un negocio determinado.
Saben perfectamente que si uno tiene la capacidad de acabar con los otros, eso perjudicará fundamentalmente al usuario que tendrá que pagar el precio que determine esa sola empresa.
Cuando se compite, sin embargo, los precios van bajando y en función de eso gana el usuario final. En el tema de los fleteros son muchos transportistas que han ingresado al negocio, son empresarios no son trabajadores, obreros, operarios o choferes explotados por sus patrones, estos son empresarios que, como tal, cuando inundan el mercado con una cantidad enorme de vehículos, la mayoría de ellos comprados en el mercado de los usados.
Evidentemente el precio se distorsiona porque hay una oferta mucho mayor que la demanda y el que demanda termina estableciendo precios en función de las oportunidades que le brinda un mercado sobrecargado de operadores que entran al negocio como tal.
Los fleteros deberían buscar asociaciones que permitan establecer una calidad de servicio en función de la calidad del mercado que se demanda. Eso traería mayor claridad al hecho de determinar por ley algo que después puede romperse fácilmente porque si hay muchos que compiten por algo entre ellos mismos estarán aquellos que ofrecerán el servicio a menor valor que lo que establece la norma. Si el producto existe en abundancia, la oferta determinará finalmente la demanda.
Vía: El Independiente
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